Las denuncias de uno de los magistrados de la Corte Constitucional han derivado en un importante anuncio de la más alta instancia en la jurisdicción disciplinaria para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
A través de un comunicado de prensa, la Comisión de Disciplina Judicial pidió celeridad a la Fiscalía para que dé a conocer resultados en las investigaciones por presuntas “chuzadas” ordenadas por el Gobierno para interceptar comunicaciones de magistrados de la Corte Constitucional.
La entidad hizo “un llamado para que las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General de la Nación establezcan lo más pronto posible el origen y responsabilidades alrededor de esas circunstancias lamentables”, como se lee en el texto.
Comunicado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial – crédito @CNDJ_Col/X
Asimismo, la comisión “exhorta a todos los sectores de la sociedad y el Poder Público en Colombia para que se garantice la independencia y la seguridad de la Rama Judicial y todos sus integrantes, quienes tienen la misión de proteger la democracia y los derechos de los ciudadanos a través de la Constitución y las leyes”.
Petro negó interceptaciones ilegales a magistrados.
En la mañana del lunes 24 de junio, el presidente Gustavo Petro negó cualquier posibilidad de que, desde su administración, se hayan ordenado interceptaciones para constreñir la independencia de la Rama Judicial o acceder a información clave.
Dijo que en la más reciente inspección que se hizo a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se estableció que allí no se cuenta con los dispositivos que permiten este tipo de intervenciones, lo que, de facto, constituye una prueba para descartar las denuncias.
“Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, escribió en su cuenta de X.
La Fiscalía ya está investigando presuntas “chuzadas” luego de que la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón haya dispuesto, para ello, a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
“Teniendo en cuenta que nuestra política de comunicación es informar a la ciudadanía de manera clara, oportuna y transparente, en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicación, la Fiscalía General de la Nación rechaza categóricamente cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida que afecte la seguridad, protección e integridad tanto de los denunciantes y sus familias, como de las investigaciones que por naturaleza deben ser reservadas”, se lee en una de las comunicaciones del ente investigador.
La Fiscalía publicó un comunicado en donde daba a conocer la decisión de investigar – crédito Fiscalía
La denuncia que detonó el escándalo
Una de las denuncias viene del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, que denunció cómo él y su esposa estarían siendo víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal.
Según una carta revelada por la Revista Semana, Ibáñez Najar le escribió a José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional: “Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidas y, con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión de que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos”.
El caso se complica al considerar que la esposa de Ibáñez también ha sido objeto de perfilamientos. Según el magistrado, funcionarios “adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República” han realizado seguimientos con fines de perfilamiento a su esposa. Esta persecución se da, según Ibáñez, “por cuenta de su trabajo como magistrado en esa Corte”.
Camargo, que recibió la denuncia en la sala plena convocada por la Corte Constitucional, tiene ahora la responsabilidad de investigar estas afirmaciones. Personas cercanas a su despacho confirmaron a Semana que esta es una de las denuncias más serias que ha gestionado.
“También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (…) Es una situación absolutamente irregular y arbitraria”, añadió Ibáñez en la misiva.